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Quintana Roo - México

Un duro revés sufrió la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del tribunal pleno, realizada a través del sistema de videoconferencias, inválido diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

En primer lugar, declaró la invalidez de las normas que regulaban el aseguramiento de bienes. Ello porque sólo el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar en materia procedimental penal, por lo que legislador local era incompetente para expedir esas normas. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las disposiciones de la ley mencionada donde se exigía ser mexicano por nacimiento para ser  Vicefiscal, Director General, Coordinador General o Titular de los Centros y de las Fiscalías Especializadas y Perito. Asimismo, para ser Policía de Investigación se requería, además de ser mexicano por nacimiento, no contar con otra nacionalidad. Al respecto, el tribunal del pleno estableció que conforme a los artículos 1 y 32 constitucionales, las entidades federativas no tienen competencia para exigir esos requisitos, por lo que las normas eran inconstitucionales.

Finalmente la SCJN inválido las disposiciones donde se contempla como requisito para acceder a determinados cargos públicos no haber sido inhabilitado o destituido, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa Federal o local. El pleno considero que dichas normas violaban el derecho de acceder a un cargo público ya que no eran razonables. Pues dichas sanciones podrían ser impuestas por conductas no graves y al no estar sometidas a ninguna temporalidad, no era razonable pensar que ninguna de ellas podría desempeñar los cargos con honestidad y eficiencia; lo cual no significa que las normas que se refieren a conductas más graves, o a puestos de mayor responsabilidad no sean constitucionales. Asimismo, se consideró que impedir que quienes estén sujetos a un procedimiento de responsabilidad accedan a un cargo público viola el derecho a la presunción de inocencia, porque implica tratar a esas personas como culpables antes de que se les imponga una sanción en sentencia firme.

Esto abre la posibilidad de que todos los bienes asegurados (terrenos costeros y de alta plusvalía),  por parte de la fiscal anticorrupción Rosaura Arzápalo Villanueva se devuelvan a sus propietarios


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