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Quintana Roo - México

El brote de coronavirus detectado en el Helicoide, siniestra sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, se ha cobrado su primera víctima mortal: Erick Echegaray, de 70 años. “Fue trasladado el 4 de agosto al Hospital Universitario de Caracas con dificultad respiratoria. Necesitaba ingresar en Unidad de Cuidados Intensivos pero al no haber allí tuvo que ser trasladado al Centro Médico Maracay (a 120 kilómetros). Falleció en el traslado”, denunció el diputado y médico José Manuel Olivares, comisionado de Salud de la presidencia encargada.

Familiares y organizaciones civiles han advertido desde la semana pasada de la existencia de contagios en las cárceles de los presos políticos, tanto en el Helicoide como en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mayor centro de torturas de América Latina. Al menos serían siete los contagiados según la diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Parlamento Democrático. Echegaray, quien sufría una dolencia cardiaca, fue condenado en 2010 por su vinculación con el narcotraficante Walid Makled.

Precisamente en el Helicoide permanece encarcelado desde hace dos años el diputado Juan Requesens, detenido de forma ilegal, sometido a tratos crueles y convertido en un símbolo nacional de la lucha por la libertad. Los otros parlamentarios apresados sin pruebas, Gilber Caro y Renzo Prieto, se encuentran en distintas instalaciones del Gobierno, pese a las denuncias de organizaciones internacionales por la violación de su inmunidad parlamentaria. Los agentes gubernamentales se ensañan especialmente contra estos dos diputados, incluso a uno de ellos le mantienen esposado debajo de una escalera.

Uno de los últimos políticos que se ha sumado a esta lista conformada por 382 personas es el chavista crítico Nícmer Evans. Amnistía Internacional (AI) emitió el jueves pasado una acción urgente en reclamo de su libertad. En el listado, elaborado por el Foro Penal y reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA), figuran 29 mujeres y 126 militares.

La propia OEA, en voz de su secretario general, Luis Almagro, ha exhortado al Gobierno bolivariano a informar sobre la incidencia del Covid-19 entre los presos políticos y sobre su estado de salud. El Parlamento, los colectivos locales de derechos humanos y organizaciones internacionales exigen la liberación de todos ellos.

Entre los recluidos en la sede caraqueña de la DGCIM se encuentra desde hace cuatro meses el hispanovenezolano Demóstenes Quijada, colaborador muy cercano de Juan Guaidó. El Gobierno español y la embajada en Caracas trabajan desde entonces en busca de la libertad de Quijada, quien ha perdido varios kilos y cuya salud preocupa seriamente a su familia.

“Esta muerte es responsabilidad de Nicolás Maduro. No podemos permitir que la indolencia y la criminalidad del dictador siga causando muertes en Venezuela. Hoy más que nunca todos los presos políticos deben estar en libertad porque su vida está en riesgo frente a la pandemia”, protestó Guaidó.

Fuete: elmundo


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