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Quintana Roo - México

Salen los primeros rayos del sol y varias mujeres, algunas de ellas con bebés a la espalda, comienzan a acarrear agua de unos pozos antes de que se termine. Lanzan un cubo con una cuerda y repiten esta acción decenas de veces hasta que llenan una gran cubeta de hasta 10 litros que la colocan sobre su cabeza e inician el regreso a su casa donde no tienen grifos y muchos menos una ducha.

Deben subir una cuesta sin asfaltar y llena de piedras hasta llegar a su humilde vivienda de lámina y madera, situada en el asentamiento Anexo Shell Dios es Fiel, de Ciudad de Guatemala. Bajo un inmenso puente en la zona 7 de la capital guatemalteca y tras descender decenas de escaleras sobreviven desde hace ocho años 80 familias sin agua potable, ni drenajes, ni siquiera un servicio de recogida de residuos. La basura acaba siendo lanzada a un río de aguas negras que fluye totalmente contaminado con espuma blanca a escasos metros de las casas.

Mientras el Gobierno de Guatemala insiste cada día en la importancia del lavado de manos para evitar el coronavirus, que ha causado más de 2.500 muertes en el país centroamericano, miles de personas viven en este país sin agua potable. “Aquí estamos más expuestos al virus y no será por un descuido de falta de higiene, sino porque simplemente no tenemos agua”, denuncia el vicepresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural del citado asentamiento José Marvin Chilisna. Así, critica que ni el Gobierno, ni la municipalidad de Ciudad de Guatemala se han preocupado por solucionar esta situación. “Se han olvidado. Para ellos somos un cero a la izquierda”, dice.

Muchas de las personas que residen en este asentamiento son de origen indígena que emigraron del interior de Guatemala a la capital en busca de oportunidades de trabajo. Este es el caso de Angelina Tilom, una mujer de 40 años, procedente del Quiché, quien vive junto a su marido, tres hijas y cuatro nietos en una vivienda junto al barranco: “Nos han dejado solos y abandonados”, lamenta, al tiempo que reconoce que al “miedo” que tiene de que se produzca un derrumbe por las lluvias que entierre su vivienda se junta ahora el temor de que llegue el coronavirus al barrio, donde es prácticamente imposible el distanciamiento social.

Todas las casas se apilan unas a otras. «Cada día subo siete cubos de agua, pero hoy ya llevo tres y estoy cansada», asegura una adolescente de 16 años que descansa a mitad de camino y bajo un intenso sol antes de seguir su recorrido hasta su casa. Otro de los problemas es el acceso a la educación online desde que el pasado marzo se suspendieran las clases. Las familias no tienen dinero para tener un ordenador o conexión a Internet: “El coronavirus es una enfermedad que nos destruyó la vida porque ya no fui a la escuela”, lamenta Evelyn, una niña de 11 años, quien sueña con ser modelo o actriz.

A pesar de que a la salida del asentamiento hay una gran señal de tráfico que indica el camino hacia la Universidad, el vicepresidente del asentamiento admite que será difícil que algún niño o niña pueda cursar estudios universitarios por la precariedad familiar. “La comunidad ha sido discriminada y es muy raro ver que alguien sobresalga”, asegura Chilisna.

En varias viviendas del asentamiento, ondean las banderas blancas que se han convertido durante la pandemia en el símbolo de la necesidad de alimentos en un país ya de por sí castigado por la pobreza que afecta al 60% de la población.

Tras la reapertura gradual de la economía con un sistema de semáforos después de cuatro meses de confinamiento parcial, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha responsabilizado a la población de los nuevos contagios: “Yo, gracias a Dios, ya voy saliendo de ese tema para poder retomar el Gobierno del país. Ya le pasamos la responsabilidad a la gente y si se quiere cuidar, se cuida y si no, le sacamos la tarjeta roja. Ya es problema de la gente”. Estas declaraciones han provocado que las organizaciones sociales Justicia Ya y Acción Ciudadana hayan presentado una denuncia contra él ante la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes al considerar que está violando la Constitución, que establece la obligación de garantizar la salud, seguridad e integridad de todos los guatemaltecos.

Fuente: elmundo


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