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Quintana Roo - México

En la víspera del inicio de los comicios 2020-2021, dos casos de posibles irregularidades electorales en el pasado, han estado en el centro del debate público, pues involucran al expresidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En el primer caso, se trata de la presunta inyección de recursos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del priista en 2012, de acuerdo con la denuncia de hechos presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la Fiscalía General de la República (FGR); mientras que en el segundo caso, se trata de las “aportaciones” que recibió el hermano del presidente, Pío López Obrador en 2015, de manos del exdirector de Protección Civil, David León para el “movimiento” social y político que encabezaba el presidente, mismo que se filtró en un video.

Ambas situaciones se relacionan con financiamiento presuntamente ilegal, que puede ser investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las faltas administrativas, y en el caso de Obrador, por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la la FGR.

Benito Nacif –quien fue parte del Consejo General del extinto IFE en la elección de 2012–explica que ambos actos ocurrieron bajo legislaciones distintas, y por un lado se trata de delitos y por otro de faltas.

Para Nacif, los hechos que denuncia Lozoya “son faltas administrativas”, que el INE está investigando actualmente y no han prescrito, porque las denuncias se presentaron a finales de 2017, y la prescripción de una falta administrativa en materia electoral es de cinco años con posterioridad a la presentación de la queja.

“Lo de Lozoya no ha prescrito, las quejas se están investigando y a lo mejor se presentan más en función a la revelación de la denuncia”, afirma el exconsejero, al explicar que la falta es la aportación de recursos a una campaña electoral por parte de una empresa extranjera, que no está legalmente habilitada para hacerlo.

No obstante, reconoció que este proceso no ha podido avanzar porque la FGR no ha dado la información que posee, por el “sigilo ministerial”, ya que el INE no puede ir al extranjero a pedir información.

“La Fiscalía hasta ahora –alegando este secreto– no ha proporcionado información al INE, por eso la investigación lleva todo ese tiempo, que son cerca de dos años sin avanzar mucho, ha topado con pared y esa pared es la Fiscalía, pero no ha prescrito”, detalló.

El también exconsejero electoral Alfredo Figueroa coincidió que hay una queja abierta en materia de fiscalización vinculada a las aportaciones que Odebrecht habría realizado, que está en proceso de sustanciación, y que el INE no ha podido resolver debido a que ha solicitado información a distintas autoridades, como el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no se ha otorgado.

“Buena parte de la información que se ha pedido y sigue pidiendo, simplemente no llega, se declara bajo reserva, por eso no se puede continuar con la investigación y la va retrasando (…) esto es el problema central que está detrás de la investigación”, señaló en entrevista con Aristegui Noticias.

Esto permitiría que, por lo menos en lo que respecta a la falta administrativa, el INE culmine la investigación sobre el financiamiento que supuestamente recibió Peña Nieto en 2012 y que fue denunciado por Lozoya, entonces encargado de la vinculación internacional del equipo del priista, y hoy en prisión domiciliaria.

Fuente: politica.expansion


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