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Quintana Roo - México

La epidemia de la corrupción en el sistema de justicia Quintanarroense.

Con un sistema paralizado, el palacio de justicia cerrado y con actividades virtuales, el “cartel de la toga” decidió repartirse 11 millones 450 mil pesos en vales de gasolina.

Bajo los contratos PJ/CEJ-SA-COMBUSTIBLE-ADQ-23-2020, los integrantes del “cartel de la Toga” entregaron a la empresa SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.   9 millones 200 mil pesos.

Con el contrato PJ-CJE-SEA-COMBUSTIBLERS-ADQ-00-2020; La secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura Magda Eugenia Lozano Ocman, entregó 2 millones 250 mil pesos adicionales de combustible haciendo un gran total de 11 millones 450 mil pesos.

La pregunta obligada, cómo es posible que hayan utilizado el mismo consumo de gasolina del año pasado, si se supone que los magistrados y flamantes consejeros del Poder Judicial, se encontraban en sus casas.

Peor aún, en estos momentos se encuentran sin actividades, derivado a que año con año del 22 de agosto al 23 de octubre se paralizan sus actividades por estar en periodo vacacional.

La opacidad y el despilfarro de los recursos públicos encabezado por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura Magda Eugenia Lozano Ocman y su compadre Humberto Rodríguez Rosado, no tiene límite y mucho menos empacho.

A la empresa CIEM LAGUNA S. DE R.L. DE C.V. representada por Miguel Antonio Santamaría Palomo, se le asignó un contrato por adjudicación directa de un millón 600 mil pesos por el SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO REGRESO A OFICINA SEGURA,  ESTRATEGIAS Y REQUISITOS SANITARIOS COVID-19.

En el contrato no se específica los trabajos realizados, por lo que los magistrados y consejeros aprobaron la compra millonaria amparados en que se trataba de una “emergencia sanitaria”.

Pero esto no es todo, Magdalena Lozano Ocman autorizó entregar sin licitación alguna a la empresa CORPORATIVO REAL CUMBRES S. DE R.L. DE C.V.  486 mil pesos, por el concepto de ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL “PROYECTO REGRESO A OFICINA SEGURA” COVID-19. Es decir, gel antibacterial y alcohol.

Curiosamente, esta empresa es una constructora que lo mismo vende seguros automotrices, que construye edificios.

Al Instituto de Capacitación para el Trabajo, esta sospechosa empresa le vendió Pólizas de Seguro para el parque vehicular; a esta misma empresa fue a la que se le entregó casi medio millón de pesos en la compra de INSUMOS PARA EL COVID-19.

Por concepto “SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS EDIFICIOS Y ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, a Yeni Geovani Contreras, quien es la misma persona que fumiga para el combate de las “ratas y alimañas”, Doña Magda  Lozano Ocman, autorizó el pago con el contrato PJ-CJE-SEA—040-2020, para sanitizar sus edificios. Por la aplicación del líquido sanitizante se pagó con recursos del pueblo 632 mil pesos y para la fumigación de plagas se la pagaron 848 mil 439 pesos, haciendo un total de un millón 480 mil pesos.

Es increíble que en medio de la crisis del coronavirus, se suma la epidemia de la corrupción en el sistema de justicia. Los grupos criminales aprovechan la situación para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad de sus fechorías.

En resumen, el mentado “sistema anticorrupción” no es más que una falacia pues lo integran los mismos bandidos.


1 Comment

  • Mario Hernández, 8 septiembre 2020 @ 01:37 Reply

    Los ladrones no tiene horario de descanso.

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