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“Sólo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE”, ha dicho.

Josep Borrell sigue con su plan venezolano, tras recibir ayer el “apoyo fuerte” del Grupo Internacional de Contacto (GIC). El alto representante de la Unión Europea (UE) ha trasladado este jueves a los ministros de exteriores que seguirá trabajando “por una solución negociada para Venezuela”, sólo unas horas después del demoledor informe de la Misión de Naciones Unidas, que señala directamente a Nicolás Maduro como responsable de crímenes de lesa humanidad.

“Sólo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE)”, ha concluido Borrell, una forma de presionar a Caracas para que retrase los comicios previstos para el 6-D.

El ex ministro de Exteriores español apoyó al dirigente opositor Henrique Capriles durante las negociaciones secretas con el “hijo de Chávez”, que provocaron la liberación de 50 presos políticos y el indulto para 60 dirigentes y perseguidos políticos. Capriles también exige que Maduro retrase las elecciones a marzo para continuar con su respaldo a la lista La Fuerza del Cambio, presentada al margen de la mayoría opositora creada en torno a Juan Guaidó.

El presidente interino, con el sostén de 37 partidos opositores y del Parlamento democrático quienes apuestan por la abstención, ha lanzado en las últimas horas varios mensajes a Borrell. Entre ellas una frase que revoloteó durante la comparecencia telemática de Borrell: “Si reducimos nuestras exigencias beneficiamos al represor”.

El Grupo de Contacto está conformado por los europeos España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suecia y Holanda y los americanos Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, estos cuatro integrantes a su vez del Grupo de Lima, alianza antichavista que ha combatido duramente al régimen bolivariano.

Previamente, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha valorado este jueves el demoledor informe de Naciones Unidas como “preocupante”, porque “muestra una serie de violaciones de derechos humanos después de que se quebrara el orden democrático en Venezuela”. No obstante, ha adelantado que Borrell había conseguido “una serie de avances”, pero que no se “ha llegado al final”.

Para el Partido Popular Europeo “es imposible unas elecciones libres bajo un régimen violador de derechos humanos”.

El informe de la Misión de Naciones Unidas ha desnudado la política revolucionaria para violar derechos humanos y señalado a sus principales instigadores: Nicolás Maduro y sus dos generales favoritos, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones y represión violenta contra las protestas conforman el catálogo del horror chavista.

REACCIONES EN CADENA

Un “hito”, como resumió Amnistía Internacional, que provocó reacciones en cadena de distintos actores políticos. Alemania, por ejemplo, fue mucho más concluyente que la ministra española: “Maduro debe entregar el poder al presidente interino legítimo”, según Jürgen Hardt, portavoz parlamentario en política exterior:

“Un criminal de lesa humanidad”, acusó directamente Iván Duque a su archienemigo Maduro. “El informe de la ONU es lapidario, Venezuela es una dictadura pura y dura”, acusó por su parte el canciller chileno, Andrés Allamand. Para Brasil, el régimen bolivariano no tiene condiciones ni legitimidad para conducir elecciones limpias. El Gobierno de Brasilia realizó un llamado internacional a trabajar en común para la “extinción” del régimen de Maduro.

Tras las primeras respuestas balbuceantes de Caracas, se apostó por el mismo guión que en denuncias precedentes: atacar a quienes lo redactaron y descalificarlo acudiendo a su “falta de rigor metodológico”. Una vez respondió el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, los distintos altavoces del chavismo en España y en el mundo iniciaron una campaña de control de daños.

En paralelo, el fiscal chavista, Tarek William Saab, comunicó la puesta en marcha de una investigación contra Juan Guaidó, por el robo de activos financieros del estado venezolano. Sobre las atroces torturas, los cientos y cientos de ejecuciones y demás atrocidades, nada de nada.

El Parlamento democrático exhortó ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) a que actúe contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad “cometidos de forma sistemática por la dictadura para aniquilar la alternativa democrática”.

La Misión de la ONU recomienda en sus conclusiones que sus estados miembros actúen contra quienes dirigieron la violaciones, señalando a Maduro y a sus dos generales favoritos. Luisa Ortega, la fiscal legítima exiliada hoy en Bogotá, apunta que la sombra del caso Pinochet se cierne ahora sobre el “hijo de Chávez”. En 1998, Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, ordenó la detención del dictador chileno, que había viajado a Londres para someterse a una operación.

Fuente: elmundo


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