Integrantes de la “polémica orquesta” de Alberto Capella Ibarra, se robaron instrumentos musicales para venderlos en casas de empeño de Chetumal.
Se tiene conocimiento de que ya existen denuncias ante la Contraloría Estatal; sin embargo, su titular Rafael Antonio del Pozo Dergal, ha tratado a toda costa de encubrir y minimizar el “bochornoso” escándalo de corrupción que evidencia a un “grupo de rufianes” que trajo Alberto Capella desde el estado de Morelos.
En el vergonzoso escándalo, PUDIERA ESTAR IMPLICADO el director de la orquesta Everardo Arrieta Hernández.

Una fuente de la SSP, proporcionó a GHN, datos y fotografías del equipo vendido a una de las casas de empeño de Chetumal.

La orquesta de Capella es un verdadero nido de delincuentes.
Traídos en su gran mayoría del estado de Morelos, varios de los integrantes de la “famosa” orquesta de Alberto Capella Ibarra, perciben un sobre sueldo, cobran sin trabajar y peor aún, son intocables por parte de los altos mandos policiacos.
La discriminación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, es más que evidente. Y es que mientras a los 23 integrantes de la orquesta los trata a “cuerpo de rey”, otorgándoles sueldos que superan los 42 mil pesos mensuales, viáticos en tiempo y forma, vales de gasolina, y apoyo de vivienda; a la tropa, los de abajo, sufre de las injusticias de quien está al frente de este organismo (Alberto Capela Ibarra).
El director de la “orquesta de Capella” Everardo Arrieta Hernández, cobra como “coordinador de unidad” devengando un sueldo bruto de 41 mil 353 pesos mensuales. Por cada presentación le otorgan viáticos y vales de gasolina.
Su padre, Everardo Arrieta Salto, quien también es integrante de la “orquesta de Capella”, posee el cargo de jefe de la oficina de Servicios Generales, por el que devenga un sueldo bruto de 24 mil 700 pesos mensuales. Los abusos y despilfarros de los recursos públicos direccionados a los integrantes de la “orquesta “de Alberto Capella, han generado malestar e inconformidad entre el personal que sí trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes presencian los abusos sin poder levantar la voz, pues existe la amenaza abierta de ser dados de baja inmediatam