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Quintana Roo - México

El objetivo de esta medida, como parte de la política de recuperación de la memoria histórica, es que los ciudadanos afectados por la represión puedan dar su propio testimonio de lo ocurrido.

Estudiantes, académicos, artistas y líderes que participaron alrededor del movimiento estudiantil de 1968 fueron perseguidos como criminales por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y hoy su exigencia es que eso no se olvide.

Al cumplirse 52 años de la masacre de jóvenes cometida por el Estado el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, familiares de víctimas y sobrevivientes recibieron los archivos secretos de esa instancia, como parte de la Política de Verdad y Memoria del Pasado Reciente.

La apertura de los documentos de la DFS, que en los 60, 70 y 80 reprimió movimientos sociales, es parte de las acciones para la restitución de información, explicó Felix Santana Ángeles, director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“(Revisamos) aquella documentación que las dependencias del Estado vinculadas a la represión política generaron como resultado de la vigilancia, del espionaje, del seguimiento y en muchas casos también de tortura”, dijo el funcionario este viernes en la presentación de la nueva política.

“Que nos sirva de referencia para que nunca más tengamos un México de represión”, agregó.

Santana anunció que se construirá un “archivo de la palabra”, en el que familiares y víctimas de la represión del Estado podrán reivindicar su historia al dar su testimonio sobre quiénes eran esos estudiantes y activistas criminalizados por el Estado.

“Es la respuesta por parte de familiares a este archivo criminal que generaron las dependencias del gobierno, y que fueron acciones que impulsaron la represión, la persecución, la ejecución extrajudicial de varias de estas personas”, dijo.

“Nos va a permitir ver la otra cara de la moneda, la cara humana de aquellos que fueron reprimidos”.

Enrique Ruiz Abreu, director del dArchivo General de la Nación (AGN), aseguró que la apertura de archivos como los de la DFS, el Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) es vital para el esclarecimiento de procesos de violaciones a derechos humanos.

“El AGN y el INAI (Instituto Nacional de Transparencia) determinaron que el interés público sobre estos temas ameritaba la apertura total de este acervo a la consulta pública”, dijo.

Mientras, el Gobierno de la Ciudad de México colabora con la recuperación de archivos y la señalización de espacios públicos como sitios de memoria histórica.

“Se dice en dos palabras, pero lo que estamos viviendo hoy, de entregar a familiares de desaparecidos, desaparecidas, de luchadores sociales, de periodistas, los archivos de este Estado autoritario, tiene un simbolismo enorme”, dijo la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

“La única manera de reconciliar es abrir la verdad, conocer qué pasó, pedir perdón como Estado y abrir la posibilidad de una historia distinta”, concluyó.

Fuente: politica.expansion


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