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Quintana Roo - México

De 2016 a 2019, el país solo abrió tres expedientes en esta materia y tuvo pocos resultados e información pública, advierte un informe de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

México es uno de los 34 países que actúan poco o nada en casos de corrupción y soborno internacional, y una muestra de ello es que, de las tres investigaciones en la materia que inició de 2016 a 2019, ninguna ha brindado resultados, de acuerdo con las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Las agrupaciones difundieron este lunes su informe Exportando corrupción 2020 , en el que se evaluó a 47 naciones en los rubros de corrupción e impunidad transnacionales, en casos como el de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Panorama internacional

Los 47 países analizados representan el 80% de las exportaciones mundiales. De 2016 a 2019, estos abrieron en conjunto 421 investigaciones, que derivaron en solo 244 sanciones; de ellas, 125 fueron sustantivas o administrativas.

El informe destaca que, del total de países, solo cuatro actuaron “de manera decidida” contra el cohecho: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel.

En el documento, México se ubica entre los países que hacen “poco o nada” para dar cumplimiento a las indagatorias por corrupción transnacional.

El caso de México

El informe señala que México asumió un compromiso en materia de corrupción para el periodo 2018-2024; además, cuenta desde hace años con reformas constitucionales y legales para sancionar estos casos.

Pero aunque de 2016 a 2019 las autoridades mexicanas abrieron tres investigaciones por posible corrupción transnacional —relacionadas con las empresas Cemex, Grupo México y Odebrecht—, ninguno de estos casos ha llegado al Poder Judicial. Por tanto, no hay consecuencias para los presuntos responsables ni se recuperan los recursos desviados mediante las operaciones irregulares.

En el caso Odebrecht, el único detenido hasta este momento es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha proporcionado información a la Fiscalía General de la República (FGR) en un expediente que sigue abierto.

Sobre Cemex, investigada por el gobierno de EU desde 2016 por posibles irregularidades en la construcción de una planta, no hay mayor información pública sobre las indagatorias mexicanas.

Mientras tanto, Grupo México está relacionado con sobornos a funcionarios de España, caso que en ese país es investigado desde 2015, pero en México no se ha informado de las medidas tomadas.

Las organizaciones subrayan que las acusaciones hechas por las autoridades en estos casos deben incluir dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a funcionarios mexicanos, y los actos que involucran a empresas mexicanas en el extranjero.

“Es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, que los recursos ilegales sean confiscados y que el daño a las víctimas sea reparado de manera apropiada”, urgen.

Respecto de la Fiscalía Anticorrupción, en 2019 inició 773 investigaciones, pero solo cinco fueron presentadas a un juez y ninguna está relacionada con sobornos foráneos.

Este panorama contrasta con lo informado por otras autoridades investigadoras en el mundo, como en EU, que entre 2016 y 2019 reportó cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a funcionarios mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero.

Además, derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EU recuperaron más de 1,000 millones de dólares por sanciones impuestas a empresas que operaron indebidamente en México y otros países.

Aunque los cuatro casos referidos fueron sancionados en EU, en México ni siquiera se investigaron.

Actualmente, los exfuncionarios mexicanos que están en manos de la justicia estadounidense son Genado García Luna, exsecretario de Seguridad y quien es imputado por narcotráfico, y César Duarte, quien está en proceso de extradición.

Falta de transparencia

El informe fue elaborado con la información pública disponible en fuentes oficiales del Estado mexicano, como la FGR o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Sin embargo, esta información no está completa ni actualizada (los datos públicos llegan hasta mediados de 2019): no se proporciona el número de archivo, el país en el que se cometió el presunto delito ni el estatus o desglose de la investigación.

En la Cancillería, las solicitudes para asistencia jurídica internacional y su contenido están clasificadas como “confidenciales”. Respecto del Poder Judicial, está obligado por ley a hacer públicas todas las resoluciones, pero ningún caso de corrupción transnacional ha llegado a juicio.

Las organizaciones recomiendan a México publicar y actualizar la información relacionada con casos de corrupción y soborno en el extranjero, crear un registro de acceso público y desarrollar una política criminal de enjuiciamiento sobre corrupción transnacional.

Fuente: politica.expansion


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