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Quintana Roo - México

Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, pagó casi un millón de pesos por fumigar los edificios del Poder Judicial; y  222 mil 500 pesos por unos simples planos para construir el pequeño edificio de lo que serán la sala de juicios orales en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

La contratación millonaria por la fumigación de los edificios del poder judicial se realizó con una persona física,  y no con una empresa experta en este tipo de actividades. Bajo el contrato PJ/CJE/SEA/SERVICIO/FUMIGACION / 045/2020 Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura pagó con recursos públicos la cantidad  de 848 mil 439 pesos para la fumigación de los edificios del poder judicial.

A esta misma persona que no cuenta con antecedentes e historial laboral en el manejo y aplicación de sanitizantes, la polémica funcionaria conocida ya con el mote de “chuchita” entregó un contrato adicional para sanitizacion de los edificios por un monto de 632 mil pesos. Ambos contratos los adjudicó por la vía “directa”.

Por si esto no resultara suficiente, la polémica funcionaria entregó por la misma vía de la adjudicación directa un contrato adicional para la realización del “Proyecto ejecutivo”  del edificio de juicios orales en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Por los planos de lo que será el edificio de juicios orales, “Doña Chuchita” pago 222 mil 500 pesos, a la empresa yucateca Distribuciones y Edificaciones de Yucatán S.A de C.V., representada por Omar Bonilla Casanova.

Ante estos abusos del PODER preguntamos:

¿Qué clase de personas tenemos impartiendo justicia? ¿De dónde salen, quién los propone, quién los investiga, quién los aprueba?

Todos lo sabemos y podemos decir que, salvo contadas excepciones, el Poder Judicial está podrido. Y lo está porque el sistema político mexicano ha puesto en manos de individuos deleznables la responsabilidad de la aplicación de la ley y la administración de justicia, poniendo en riesgo permanente la integridad física y patrimonial de los ciudadanos e impidiendo el funcionamiento de la sociedad.


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