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Quintana Roo - México

Primero fue con la reforma a la Ley General de Salud que dio vida al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, luego, con una modificación a la Ley de Ingresos para 2021 que está cerca de concretarse, y que plantea permitir que el gobierno federal pueda tomar recursos del fondo con el que se financia la atención de 66 enfermedades que causan gastos catastróficos a las familias.

Con ambas reformas, en un plazo de solo 10 meses, el Ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador conseguirá facultades para poder echar mano de 73,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, lo que significa 72% de los 101,161.7 millones que actualmente este tiene de saldo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con estas modificaciones, la actual administración busca financiar no solo la atención los 66 padecimientos previstos, sino que también quiere aumentar la cobertura, pues, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se deben realizar las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, así como medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos.

En el arranque de operaciones del Insabi a principios de este año, tras la reforma aprobada a finales de 2019, pacientes que se atendían con el extinto Seguro Popular denunciaron que aún continuaban los pagos en los hospitales de especialidad, por lo que el presidente López Obrador prometió que a partir del 1 de diciembre de 2020 habría cobertura total y cero cuotas , incluso en la atención especializada de tercer nivel. Sin embargo, para entonces todavía no se tomaba en cuenta la llegada de la pandemia de COVID-19.

Con la emergencia sanitaria, el jefe del Ejecutivo urgió al Congreso a retirar del Fondo de Salud 33,000 millones de pesos,los cuales aseguró que servirían para comprar la futura vacuna contra la enfermedad y otros medicamentos. Además, López Obrador insistió en que las demás enfermedades también se van a seguir cubriendo.

En este contexto, el pasado 28 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para permitir que el gobierno tome esos 33,000 millones . Un día después, el Senado incluyó ese mismo punto en la Ley de Ingresos para 2021. Esta última ley aún necesita el visto bueno definitivo de los diputados, donde se prevé que el asunto se vote en las primeras sesiones de noviembre.

Dentro de este panorama, y a pesar de las promesas del jefe del Ejecutivo, expertas consideran que no hay garantía de que con estos recursos se va a poder cubrir tanto los 66 padecimientos que contemplaba el antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos como otros nuevos, así como a nuevos pacientes.

Judith Senyacen Méndez Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que el supuesto más grave fue asumir que con los 7,000 millones de pesos que se destinaban en promedio anualmente es suficiente para atender estas enfermedades, pues no se hace un estimado de la población que necesita el apoyo para alcanzar una cobertura total, ni tampoco se tienen modelos de crecimiento de la población o qué otros males pueden surgir.

“En el mejor de los casos, vamos a poder atender a esta población, pero limitas la intervención de nuevos padecimientos, así como limitas el poder aumentar los casos”, explicó, al señalar que los recursos son restringidos para poder cubrir todo para todos.

De acuerdo con el informe de resultados del Seguro Popular, de 2012 a 2019 —su último año de operación— se financió 1 millón 097,899 casos por un monto de 56,576.27 millones de pesos, siendo el VIH/SIDA la enfermedad con mayor cobertura. Desde 2012, se validaron recursos anuales desde 6,664.6 millones de pesos a 8,515.2 millones de pesos, al tiempo que el disponible del fondo aumentaba año con año.

Para el cierre de 2019 había disponibles 105,873.3 millones, de los cuales en principio fueron autorizados 12,752.78 millones para atender 98,200 casos, aunque el gobierno finalmente solo validó recursos por 2,853.7 millones para 107,131 casos y pagó 1,774.67 millones para 101,430 casos.

Las cifras de recursos validados año con año, que resultaban inferiores al monto disponible, sirvieron para que el diputado de Morena Iván Arturo Pérez Negrón y sus compañeros argumentaran que eran fondos “ociosos”, pues aunque ahí estaban no se podía disponer de ellos.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organiación civil México Evalúa, enfatizó que, del total de gasto en salud en el país, el 41% lo están poniendo los hogares, es decir, es gasto de bolsillo. “Si un familiar es diagnosticado con cáncer o una influenza, la gente lo tiene que sacar de su bolso y muchas veces tienen que deshacerse de su patrimonio para sacarlo”, advirtió.

La experta en políticas públicas subrayó que el dinero del fondo tiene una de las cifras más altas entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que ese recurso no estaba “ocioso” sino que estaba mal ejecutado y no se estaba cubriendo a todas las personas que lo necesitaban.

Aunque el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos también tenía sus limitantes, poco a poco se fue ampliando la cobertura. De 49 intervenciones en 2010, clasificadas en ocho grupos de enfermedades —cáncer cervicouterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y adolescentes, trasplantes de médula ósea, cáncer de mama y trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos—,pasó a 66 en 2018, entre las que seque incluían trasplantes de corazón, hígado y pulmón, enfermedades lisomales y tumores malignos, entre otras.

Sin embargo, aun así quedan muchos padecimientos y pacientes fuera de la cobertura, a los cuales no se está tomando en cuenta en los cálculos del gobierno federal para cumplir con la promesa de garantizar la atención.

Las expertas señalan que el Insabi no ha definido los padecimientos y medicamentos que se van a cubrir y, aunque se hagan promesas, no hay recursos.

“La realidad es que, si no hay dinero atrás, va a ser simplemente promesa. Traen un programa en el presupuesto que lo incrementaron de manera considerable para poder empezar a cubrir a la gente en tercer nivel, será interesante ver si van a asignar en la práctica el dinero”, alertó Campos.

Por su parte, Méndez señaló que, cuando en el mundo se está apostando por una “priorización explícita”, es decir, que se definan de manera explícita las intervenciones, los medicamentos y los tratamientos que se van a cubrir, en México en cambio se busca una “priorización implícita”, lo que significa un retroceso. Para la experta, debido a que no hay economía en el mundo que pueda garantizar este tipo de cobertura, se tiene que asegurar la atención para cierto grupo o ciertas intervenciones.

Fuente: politica.expansion


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