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Quintana Roo - México

Alejandro Esquer Verdugo y Jesús Ramírez Cuevas, cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían usado empresas fantasma para financiar la imagen del entonces candidato presidencial de Morena, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que podría encarar una investigación fiscal por supuestas aportaciones irregulares.

La información, tanto del círculo cercano del presidente como de la organización que fundó el empresario Claudio X. González Guajardo, se dio a conocer esta semana, abriendo un nuevo frente entre el actual gobierno mexicano y MCCI.

Las empresas fantasma

Este lunes, MCCI publicó en su portal que Alejandro Esquer Verdugo , actual secretario particular del presidente López Obrador, y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a empresas fantasma para la campaña electoral de 2018.

En ese entonces, Esquer Verdugo era secretario de Finanzas de Morena y pagó por mítines y espectaculares en Puebla a compañías que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró este año como “simuladoras de actividades comerciales”.

Las empresas que habrían sido contratadas por Alejandro Esquer:

  • Ligieri de México SA de CV, para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla, que según Morena tuvieron un costo total de 546,000 pesos.
  • ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV, para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en la misma entidad, con un costo total de 348,000, según las facturas de Morena.

MCCI recordó que el PAN denunció en ese entonces que los costos declarados por Morena por los eventos proselitistas eran menores a los del mercado, pues la suma total de los 15 mítines tuvo que haber sido cercana a los 7 millones de pesos.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) desestimó la queja y validó los montos de las facturas emitidas por la proveedora que, ahora se sabe, simulaba operaciones comerciales.

Este martes, la organización civil publicó otra investigación en la que señala que Jesús Ramírez, actual vocero de la Presidencia, pagó a una empresa fantasma para la impresión del periódico Regeneración, el cual fundó y dirigió hasta asumir su cargo en el gobierno federal.

MCCI señaló que tras una investigación de más de un año, el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma a Benefak SA de CV, contratada en 2016 por Morena para la impresión del periódico del partido, por un costo de 58,000 pesos, según lo declarado por Ramírez Cuevas cuando el diario Reforma dio a conocer que el contrato fue por 58 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción constató que la supuesta propietaria de Benefak es una prestanombres. Se trata de Donaji Corrales Ramírez, una mujer de 38 años de edad, de escasos recursos, que vive en una región de Oaxaca y que vende dulces afuera de una escuela y productos Avon a sus vecinas.

Según la organización, la mujer se mostró sorprendida al conocer las actas notariadas en las que aparece su nombre como supuesta accionista de Benefak, que factura más de 70 millones de pesos al año y que también ha sido proveedora de gobiernos de Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Quintana Roo.

La investigación a MCCI

El 8 de octubre, antes de las investigaciones de MCCI, la revista Proceso publicó un reportaje del periodista Álvaro Delgado titulado ‘Los padrinos de Claudio X. González’. En dicho texto, se señala que la organización cuya bandera es la transparencia y la rendición de cuenta maneja con opacidad las donaciones que recibe.

Los recursos que recibe Mexicanos Contra la Corrupción, que ascienden a 70 millones de pesos anuales, provienen de la élite empresarial mexicana, y en algunos casos, indica Proceso, estas no cuadran con lo que reporta al SAT.

Entre los “donantes” de MCCI destacan: el Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Kimberly-Clark; Valentín Diez Morodo, director Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); Antonio del Valle Ruiz, presidente del Grupo Kaluz; Eduardo Tricio Haro, accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico; y Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo Pisa.

A raíz de la publicación de la investigación, el presidente López Obrador anunció el lunes que se harpa una revisión de la legalidad de las aportaciones que recibe MCCI.

“Vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos (…) los que están financiando son empresarios muy poderosos. Ojalá y aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos.

“Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación. Y debe haber otras. Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa diaria.

La respuesta de MCCI

Al respecto, MCCI publicó el mismo lunes un comunicado en el que recordó Claudio X. González salió de la organización en julio pasado “porque su tiempo y esfuerzo no son compatibles con el objeto social y los propósitos de la misma”.

También mencionó que MCCI tiene el carácter de “donataria autorizada” otorgada por el SAT desde el 17 de junio de 2016, mismo que ha sido refrendado año con año, por lo que afirmó que ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia.

“Tanto los montos recibidos por MCCI como los proyectos a los que estos se dedican están debidamente reportados en el portal de transparencia de donatarias autorizadas del SAT (…) MCCI no opera en la opacidad. Cada una de las donaciones ha sido y es reportada a las autoridades hacendarias con la periodicidad y requisitos establecidos en la ley”, respondió en su comunicado.

MCCI agregó que en reiteradas ocasiones ha informado que se sostiene a partir de financiamiento privado nacional e internacional. Sin embargo, argumentó que tiene el deber de mantener la confidencialidad de los datos personales de sus donantes.

“Las donaciones recibidas, sin importar la cuantía, no generan derechos ni injerencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento”, puntualizó.

Fuente: politica.expansion


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